Casa por cárcel

“La justicia se convirtió en antes y después de mi detención.”
María Lourdes Afiuni

Maria Lourdes Afiuni Mora releyó por tercera vez el expediente que estaba encima de su escritorio. Respiró profundo y mandó a llamar a los funcionarios correspondientes. Había tomado una decisión que sabía iba a ser polémica, aún cuando estuviera totalmente apegada a derecho. Quince minutos después de anunciarla, fue apresada por los mismos funcionarios que custodiaron al empresario a quien acababa de dejar en libertad condicional.

La jueza 31° de Control de Caracas nunca se imaginó que las consecuencias de su decisión serían tan graves, no solo para ella, sino para el ejercicio equilibrado de la justicia en Venezuela. Fue condenada por el propio presidente de la república durante un programa de televisión, desde donde éste exigió la pena máxima de 30 años para la jueza, por supuesta corrupción y abuso de autoridad.

“Cuando uno ejerce la función de juez y lo hace por convicción, por carrera judicial, uno puede tomar decisiones de acuerdo a nuestras leyes, nuestra Constitución y nuestros tratados internacionales. Me parece increíble que la norma sea lo contrario”. Con estas palabras, la jueza María Afiuni trataba de explicar a periodistas internacionales lo que pasó en su caso, cuál fue la motivación de su decisión, consciente de las consecuencias que pudiera tener.

Mantener sus principios como profesional le ha valido más de un año de cárcel, lleno de atropellos y violaciones a su persona y al debido proceso en su juicio. Para empezar, la pusieron presa en el INOF, una cárcel de mujeres donde ha tenido que convivir con internas de alta peligrosidad, incluyendo muchas a quienes ella misma había mandado a la cárcel, lo que le ha significado amenazas continuas e incluso agresiones físicas. Esa misma situación le ha impedido ver a su hija con la frecuencia que hubiera querido, a fin de protegerla de posibles maltratos.

Durante meses le negaron el tratamiento adecuado a su salud, que comenzó a deteriorarse aceleradamente, presentando estados de depresión y ansiedad. Al advertir varios quistes cerca de la axila, sus familiares solicitaron su traslado a un centro médico especializado. Meses después, cuando finalmente la trasladaron, tuvo que hacerse la mamografía en presencia del teniente y de los guardias nacionales que la habían acompañado al consultorio. No contentos con eso, los efectivos militares pretendían ingresar durante la realización de la citología, a lo que afortunadamente el médico tratante se negó.

El caso de María Afiuni ha sido denunciado en instancias internacionales, no solo por lo grave de sus circunstancias personales, sino por lo que significa la ausencia de garantías en el ejercicio de la justicia como poder independiente en una democracia. Hay incluso una solicitud de liberación inmediata de la jueza, aprobada por la ONU y enviada al ministerio público venezolano, la cual reposa seguramente con otras cartas similares en el escritorio de alguien que no se atreve a tomar alguna decisión diferente.

Gracias quizá a esta presión nacional e internacional, a las diligencias de los abogados y de sus familiares, al propio deterioro de su salud y quizá también a que algún funcionario anónimo logró convencer a su autoridad inmediata de la conveniencia de suavizar las condiciones en las que la mantienen presa, esta semana dictaron sentencia de casa por cárcel, mientras espera que avance su proceso penal. Pesa sobre ella la prohibición de hacer declaraciones a medios nacionales o internacionales, coartando así otra de sus libertades, la libertad de expresión.

Aún cuando esto no significa que se esté haciendo justicia, al menos en el futuro próximo no tendrá que sufrir el maltrato diario en la cárcel de mujeres. En cualquier caso, sirva esta nota para hacerle llegar mi admiración por su valentía y mi solidaridad como profesional, como madre y como mujer.

4 de febrero de 2011